Loreto: Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público la inmediata interdicción de dragas en la cuenca del río Tigre

- Presencia de minería ilegal ha originado el bloqueo de dicha vía fluvial por parte de comunidades nativas, como protesta por inacción de las autoridades.
- Se hace un llamado al restablecimiento de la paz, tranquilidad y seguridad para las personas, cuyos derechos han sido afectados y se encuentran amenazados por organizaciones criminales.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio Público para revertir la grave situación originada el pasado 15 de agosto en la comunidad nativa Libertad, donde la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat) acordó el inicio del control territorial como medida de protesta para exigir a las autoridades competentes el retiro de las dragas que estarían extrayendo mineral ilegalmente en la parte alta del río Tigre. Esta medida inició a las 00:00 horas del 16 de agosto, impidiendo el transporte fluvial por la cuenca del río.
Según el informe actualizado del Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal de Loreto (GTCMI), la minería ilegal en la región de Loreto genera ingresos estimados de más de 108 millones de soles mensuales, una cifra que representa un incremento significativo respecto a los S/ 20.9 millones reportados en el año 2024. De otro lado, de acuerdo a la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, estarían operando 595 dragas en diversas cuencas de la región, siendo el río Alto Nanay la zona más afectada con 65 dragas que generan ingresos mensuales de S/ 65.4 millones.
Ante la situación del avance de la minería ilegal que afecta los ríos de la Amazonía peruana, la Defensoría del Pueblo ha formulado recomendaciones específicas a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Loreto, con el propósito de adoptar acciones pertinentes, a través de la Fiscalía Especializada de Materia Ambiental, para atender la problemática de minería ilegal.
Asimismo, ante el conflicto de crisis en la cuenca del Tigre, la Defensoría del Pueblo propuso la conformación de una Comisión Multisectorial, con un plan integral de intervención que incluya la respuesta clara y efectiva de las acciones que realizarán las entidades del Estado. Esta reunión debe contar con la participación activa de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Marina de Guerra del Perú y Policía Nacional del Perú, con la finalidad de mitigar el escalamiento del citado conflicto social.
Como se recuerda, el conflicto tiene sus raíces en el incremento acelerado de la actividad minera ilegal en las cuencas amazónicas de Loreto, lo cual no solo genera graves daños ambientales, sino que también amenaza la vida, salud y medios de subsistencia de las comunidades nativas que habitan estos territorios desde tiempos ancestrales, así como la comisión de los delitos conexos a esta actividad. Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de mantenerse vigilante frente a las acciones que adopten las entidades competentes.
