Más de 290 niños identificados y 104 casos activados: instituciones de Piura refuerzan alianza estratégica para restituir derechos
- Programa Rompiendo Cadenas de la Defensoría del Pueblo articula acciones con el Ministerio Público y entidades regionales para garantizar el acceso efectivo derechos de identidad, salud y justicia a niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.
En una acción conjunta sin precedentes en la región, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y diversas instituciones estratégicas consolidaron una red de protección integral en el marco del Programa Rompiendo Cadenas, logrando identificar a 292 niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, y activar 104 casos específicos para la restitución de sus derechos fundamentales.
Este avance se desarrolla en la línea de trabajo impulsada por el defensor del pueblo, Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, orientada a fortalecer la articulación interinstitucional como herramienta clave para garantizar intervenciones coordinadas, oportunas y sostenibles frente a contextos de exclusión, abandono y vulnerabilidad que afectan a la niñez y adolescencia, asegurando respuestas concretas y efectivas del Estado en el territorio.
Durante la Segunda Sesión del Consejo de Coordinación Regional del Programa Rompiendo Cadenas, realizada en la sede del Ministerio Público, se presentaron los resultados del despliegue efectuado entre noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se logró no solo la identificación de casos, sino también la activación de rutas de atención y acompañamiento orientadas a la restitución de derechos vinculados a identidad, salud, educación y protección frente a situaciones de violencia.
La sesión contó con el respaldo de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura y la participación activa de representantes del RENIEC, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el CONADIS, la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las DEMUNA de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, así como la Policía Nacional del Perú, quienes ratificaron compromisos interinstitucionales concretos para una intervención articulada y sostenida.
Entre los acuerdos adoptados, RENIEC garantizará la continuidad de los mecanismos para restituir el derecho a la identidad; el MIMP, a través de los Centros de Emergencia Mujer, dispondrá personal especializado para visitas domiciliarias; CONADIS priorizará la atención de menores con discapacidad; DIRESA enfocará esfuerzos en la recuperación psicosocial de las víctimas; las DEMUNA reforzarán la intervención inmediata y seguimiento de casos —incluidos aquellos vinculados al ámbito penitenciario— y la Policía Nacional intensificará acciones coordinadas frente a la trata de personas, con énfasis en prevención, detección temprana y derivación oportuna.
La Defensoría del Pueblo destacó que esta articulación permitirá una respuesta integral y efectiva de la infancia piurana, consolidando un frente institucional sólido que coloca en el centro el interés superior del niño como principio rector de la actuación estatal.
Con estos resultados, la institución reafirma su compromiso de liderar y fortalecer alianzas estratégicas que aseguren la restitución efectiva de derechos y la construcción de un sistema de protección que no deje a ningún niño, o adolescente atrás.