Más de la mitad de las autoridades ediles femeninas son víctima de burla y amenazas

La Mesa de Mujeres Parlamentarias del Perú presentó propuesta de ley para que el Estado dicte medidas preventivas y de sanción contra quienes afecten el derecho de la mujer a llevar una vida sin violencia.
De las tres mil mujeres que actualmente ejercen el cargo de alcaldesas o regidoras a nivel nacional, la mitad han denunciado que son víctima de burlas, hostigamiento y hasta amenazas, solamente por el hecho de ser mujeres.
Para acabar con esta situación, las 36 legisladoras, agrupadas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso de la República, han presentado un proyecto de ley multipartidario para que los tres estamentos del Estado actúen coordinadamente para prevenir y erradicar la violencia política hacia la mujer.
La proposición legislativa tiene varios alcances, por ejemplo, plantea modificar la Ley Nº 30364 para incorporar la violencia política como otra modalidad de maltrato hacia la mujer que debe ser enfrentado y sancionado por el Estado al igual como actualmente rige contra la violencia física, psicológica, sexual y económica, y crea una Comisión Nacional de Alto Nivel para que las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dicten medidas para prevenir, castigar y erradicar de raíz toda forma de marginación de género en el ejercicio de la vida pública, entre otras acciones.
La presidencia de esa Comisión Nacional recaerá en la Presidencia del Consejo de Ministros y estará integrada por distintas autoridades estatales, entre las cuales está el titular de la Defensoría del Pueblo, del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, en representación del Congreso de la República.
Las legisladoras firmantes plantean, además, la existencia de un Observatorio Nacional que servirá para monitorear y sistematizar las denuncias de violencia política hacia la mujer que son atendidas y resueltas a nivel nacional. Ese observatorio estará en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que, periódicamente, deberá presentar un reporte estadístico sobre el estado situacional de los casos de violencia política denunciados.
Los gobiernos municipales y regionales tampoco estarán ajenos en esta nueva estrategia estatal para garantizar el derecho de la mujer para llevar una vida sin violencia. Por ello es que en este proyecto de ley les concede a estas autoridades subnacionales la responsabilidad de dictar acciones preventivas y de sanción contra quienes humillen o marginen a las mujeres en sus respectivas circunscripciones territoriales.
La propuesta legislativa fue presentada al término del Encuentro Internacional «La violencia política contra las mujeres», organizado por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, que preside la legisladora Alejandra Aramayo (FP), y que se llevó a cabo en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, del Congreso de la República.
