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Ministerio de Vivienda debe formular plan de acción para reparación definitiva de red de alcantarillado de SJL

6:16 pm 08/04/2019

Ante la nueva declaratoria de Estado de Emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho por peligro inminente de colapso del sistema de alcantarillado, dispuesta mediante Decreto Supremo N° 058-2018-PCM, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por que la norma no precisa un Plan de Acción que contemple las medidas específicas, metas, responsables, supervisión, monitoreo, plazos y financiamiento necesarios para atender la emergencia, conforme a las competencias de cada entidad involucrada.

En marzo del 2019 la empresa Sedapal S.A. informó a la Defensoría del Pueblo que los trabajos de emergencia (medidas provisionales y preventivas) en el colector Canto Grande se debían realizar en tres fases. Sin embargo, los trabajos de la fase 2 para asegurar la operación del sistema fueron suspendidos al haberse encontrado mayores irregularidades en las tuberías; y además no se había estimado el plazo para retomar las obras y el inicio de la fase tres, correspondiente a la ejecución del expediente técnico de los trabajos de emergencia como parte de la solución integral.

Dada esta situación de incertidumbre, un Plan de Acción garantizará el análisis previo de las acciones de respuesta a implementar para reducir el alto riesgo de colapso del sistema, así como las medidas de rehabilitación definitiva y los recursos a ser destinados, de manera que exista transparencia en la gestión de la solución y que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda asumir la coordinación entre los sectores y el seguimiento permanente de la ejecución de las acciones, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Sinagerd.

La Defensoría del Pueblo reiteró al Estado la necesidad de implementar una regulación que permita compensar a los usuarios por daños generados durante la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, como la interrupción de dichos servicios por períodos prolongados y los costos adicionales en los que las personas deben incurrir para proveerse del líquido vital. Cabe indicar que los perjuicios para los habitantes del distrito se prolongan desde días antes de ocurrido el desastre hasta el día de hoy, a causa del desvío del tránsito y la congestión vehicular en varias calles de la zona de intervención.

También se ha resaltado la necesidad de desincentivar conductas negligentes por parte de actores estatales y/o empresas en las intervenciones en materia de agua y saneamiento, y evitar afectaciones a los derechos fundamentales de las personas; para lo cual se requiere que desde el Estado se impulse el inicio de procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones por los hechos ocurridos.

Nota de Prensa N° 097/OCII/2019