Organizaciones de la Sociedad Civil apoyan la creación de una institución garante en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En carta dirigida a la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Gobierno Abierto.Organizaciones de la Sociedad Civil apoyan la creación de una institución garante en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ciudadanos al Día, Consejo de la Prensa Peruana, DAR, Grupo de Trabajo contra la Corrupción, IPYS, PROETICA, Suma Ciudadana y Asociación Civil Transparencia respaldan la propuesta.
- Autoridad Nacional debe contar “con autonomía funcional y solvencia técnica” para el ejercicio de sus competencias.
En el contexto de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, -que constituye un compromiso del Estado peruano para acercarse a la ciudadanía- ocho organizaciones de la sociedad civil manifestaron su respaldo a la iniciativa de crear una Autoridad Nacional Autónoma en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dicha propuesta elaborada por la Defensoría del Pueblo -con el apoyo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia II del Banco Mundial- busca generar una nueva institucionalidad capaz de remover los problemas de fondo que impiden o restringen el acceso de las personas a información pública. Es importante resaltar que para alcanzar este objetivo, la Autoridad Nacional requiere de “autonomía funcional y solvencia técnica”.
Así lo han entendido ocho organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su respaldo a la propuesta: Ciudadanos al Día, Consejo de la Prensa Peruana, DAR, Grupo de Trabajo contra la Corrupción, IPYS, PROETICA, Suma Ciudadana y Asociación Civil Transparencia.
Cabe recordar que en noviembre del 2012, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna remitió al Presidente del Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley para la creación de una Autoridad Nacional “con autonomía funcional y solvencia técnica”. Las principales funciones de dicha Autoridad Autónoma deben ser resolver imparcialmente los conflictos entre la administración y los ciudadanos frente a la negativa injustificada de entrega de información pública. (Ver nota completa)
