Pedimos acortar brecha de educación inclusiva que alcanza al 91% de estudiantes con discapacidad en Arequipa
- En la región existen más de 39 mil personas con discapacidad en edad escolar y solo 3 mil 463 tienen acceso al sistema educativo.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa dio a conocer los resultados de la supervisión a las instituciones educativas de esta región, dirigida a verificar el cumplimiento de las medidas para garantizar una educación inclusiva. La supervisión se llevó a cabo en 32 planteles públicos y privados, donde se pudo hallar que la mitad de ellos tienen aulas con obstáculos para desplazarse en silla de ruedas. Asimismo, que 13 centros educativos, es decir el 41%, no cuenta con rampas de ingreso.
Entre otros hallazgos, se encontró que el 48% de las instituciones educativas supervisadas tiene áreas recreativas con desniveles que dificultan el uso de silla de ruedas. Además, que solo nueve planteles cuentan con servicios higiénicos adaptados y 11 tienen la sala de cómputo ubicada en el primer piso.
Durante la presentación se dio a conocer que la ley 28044 o Ley General de Educación, que dispuso la incorporación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la Educación Básica Regular bajo un enfoque de “Educación Inclusiva”, no se ha implementado adecuadamente. En la actualidad existe una gran brecha para atender las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, que en el caso de Arequipa alcanza al 91% de estudiantes con discapacidad según el último Censo Educativo del 2018. En la región existen más de 39 mil personas con discapacidad en edad escolar y solo 3 mil 463 tienen acceso al sistema educativo.
Cabe señalar que la supervisión en Arequipa formó parte de un despliegue de la Defensoría del Pueblo para verificar las mismas condiciones en un total de 779 escuelas públicas y privadas en todo el país.
Otro hallazgo importante fue el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativa Especiales (SAANE) que se encarga de capacitar a los y las docentes, no tiene el personal necesario para cubrir la demanda. En la provincia de Arequipa solo existen 65 profesionales, entre terapistas de lenguaje, terapistas físicos y profesores de lenguaje especializado, que cubre solo al 30% de las escuelas. Sin embargo, las provincias de Castilla, Caravelí, Condesuyos y La Unión no cuentan con especialistas del SAANE.
Un caso que llama la atención en Arequipa es el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas Adultas (CERCIA), que brinda apoyo y capacitación a personas con discapacidad visual pero que no puede ser incluida en el sistema educativo porque sus estudiantes sobrepasan la edad escolar contemplada por la ley, dejando a sus alumnas y alumnos desprotegidos por parte del Estado.
“La información recogida durante esta supervisión evidencia que es necesaria una mayor intervención del Estado, ya sea mediante el aspecto presupuestal o el reforzamiento de sus políticas educativas”, dijo Ángel María Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, durante la presentación del informe. Manrique añadió que solo así se podrá para acortar la brecha de inclusión educativa y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso al derecho fundamental de la educación.