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Pedimos agilidad y eficacia en implementación del transporte público integrado para los 50 distritos de Lima y Callao

1:15 pm 26/11/2019

  • La demanda de los pasajeros supera la capacidad de oferta del transporte formal.
  • Taxis formales podrían brindar un servicio compartido en rutas fiscalizadas hasta la implementación de un servicio público con suficientes unidades de transporte masivo.

 La Defensoría del Pueblo instó a las municipalidades de Lima y Callao, a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, agilizar la implementación de una sistema eficaz de transporte urbano que logre interconectar  todos los modos de transporte terrestre, integrando las vías principales con las rutas alimentadoras presentes en los 50 distritos de ambas jurisdicciones, para conformar una red de servicio que permita el desplazamiento de los usuarios de manera segura, predecible y en tiempos razonables.

Actualmente alrededor de 635 mil personas en Lima y Callao utilizan diariamente el taxi colectivo para ir a trabajar o estudiar y su servicio ha ido en aumento cada año, debido a la alta demanda de transporte no satisfecha por los servicios formales. La disminución de diversas rutas de transporte tradicional, ha dado lugar a la mayor demanda de taxis colectivo, por parte de pasajeros que necesitan desplazarse hacia zonas no cubiertas o mal atendidas por los servicios regulares.

La proliferación de autos colectivos es una respuesta a la problemática que sufren los ciudadanos de Lima y Callao ante la ausencia de un servicio de transporte formal, fiable y satisfactorio. Por lo tanto, la erradicación de un servicio de trasporte informal o ilegal no desaparece ni suspende las necesidades de movilidad de la población, por lo que deben ser atendidas con los medios que existen en la actualidad, explicó la Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

En tal sentido, la autoridad debe ponderar adecuadamente la prestación de un servicio formal de taxi compartido en términos económicos, ambientales y de ocupación vial, como un mecanismo temporal en tanto no exista una oferta de servicio de mejor calidad. Esta medida también debería ayudar a frenar el incremento del uso de vehículos privados que saturan cada vez más las vías públicas.

Asimismo, la fiscalización debe ser constante y automatizada para garantizar que los conductores de taxis compartidos estén aptos para brindar el servicio, cuenten con los permisos requeridos, además del seguro contra accidentes de tránsito, y sus vehículos estén sujetos inspecciones técnicas.

La Defensoría del Pueblo señaló que otras distorsiones que afectan el transporte y la fluidez del tránsito se producen por el estacionamiento en zonas restringidas o rígidas, el incumplimiento de las normas de tránsito y la carencia de títulos habilitantes, aspectos que deben ser fiscalizados por la autoridad.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo rechazó las acciones de violencia y los actos delictivos que fueron realizados por personas que participaron en la movilización organizada por los denominados colectiveros, e instó al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú a desarrollar las medidas necesarias para que los responsables de dichos actos sean denunciados y sancionados.

Nota de Prensa N° 368/OCII/DP/2019