Pedimos atención integral a los derechos de las personas afectadas por aniego y falta de agua en San Juan de Lurigancho
9:32 am 24/01/2019

Miles de personas están sufriendo las consecuencias del desastre producido por el gigantesco aniego y posterior desabastecimiento de agua potable en San Juan de Lurigancho. Población vulnerable como gestantes, niños, personas con discapacidad o adultos mayores, es la más afectada por las condiciones de insalubridad y por la incertidumbre del restablecimiento de sus derechos más básicos.
Ante la gravedad de este desastre, la Defensoría del Pueblo demanda lo siguiente:
- Restablecer el servicio de agua en el plazo más inmediato en todo el distrito de San Juan de Lurigancho. Es inaceptable que por más de 12 días familias enteras estén amaneciéndose formando colas inacabables a la espera de un camión cisterna, para luego transportar el agua hacia sus casas en envases de alcanzan o sobrepasan los 20 kilos de peso. Aun así el agua que reciben no cubre sus necesidades básicas, como el aseo o la preparación de los alimentos.
- Desarrollar en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia un programa de atención de salud de prevención del riesgo y atención médica permanente para todas las personas que se vieron expuestas a las aguas residuales desbordadas. Cabe resaltar que han empezado a registrarse los primeros síntomas de enfermedades infecto contagiosas, eventos que deben controlarse para evitarse mayores daños a la salud pública.
- Brindar una atención total y sin condicionamientos indebidos para la reparación de los daños, tomando en consideración que para cualquier tipo de negociación que se requiera, las personas afectadas por un desastre están en particular estado de indefensión. Dicha situación no debe ser una oportunidad para tomar ventaja de circunstancias que debiliten sus posibilidades de defensa.
- Tomar en consideración que la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra la ciudadanía afectada por el aniego de aguas servidas –por su gravedad-, agudiza su posición de desigualdad al momento de abogar por la restitución de sus derechos y bienes afectados. La situación de emergencia total y permanente en que viven actualmente, no debería obligarlas a aceptar condiciones de negociación que afecte sus derechos fundamentales.
- Brindar una indemnización integral, no sólo referida a los bienes muebles e inmuebles dañados. Debe considerarse, además de las pérdidas y daños patrimoniales, la afectación a la salud, física y sicológica que sufre la población, además de las horas dejadas de trabajar, la afectación de los servicios básicos, entre otros.
- Respetar los derechos humanos que son de carácter irrenunciable e irreductible en los acuerdos de indemnización con las empresas involucradas. Cualquier cláusula atentatoria contra los derechos humanos es nula.
En armonía con su competencia, la Defensoría del Pueblo continuará en su labor de proteger los derechos de las personas.
