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Rechazamos sentencia del Poder Judicial en el caso de Arlette Contreras

1:01 pm 09/07/2019

  • Lucha continúa después de 4 años de los hechos, 3 procesos y archivos injustificados.
  • Poder Judicial debe tomar medidas para evitar que Adriano Pozo eluda la justicia.

La Defensoría del Pueblo rechaza el fallo del Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Lima Norte que archiva el delito de tentativa de violación contra Adriano Pozo y lo sentencia solo a 11 años por delito de tentativa de feminicidio en agravio de Arlette Contreras. Cabe precisar que el Ministerio Público había solicitado 19 años, 14 años por el delito de tentativa de feminicidio y 5 años por el de tentativa de violación.

Este fallo adolece de varias incongruencias ya que existen las pruebas suficientemente argumentadas en la acusación fiscal, sin embargo, estas no han sido valoradas adecuadamente. Se considera preocupante, además, que se haya utilizado el argumento de que el agresor se encontraba en estado de ebriedad para reducir la pena. Es importante destacar que según el artículo 46 del Código Penal no se considera un atenuante el estar en estado etílico para ningún tipo de delito.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo considera que la reparación civil establecida de 20 mil soles no compensa los daños ocasionados, pues su proyecto de vida ha quedado paralizado todo este tiempo, y en vista de ello, el Ministerio Público había solicitado 500 mil soles por reparación.

“Es alarmante que se haya considerado que al tratarse de una profesional ella podría desempañarse como tal. No se ha valorado el daño psicológico ni el desgaste emocional que significa para Arlette Contreras todo este proceso”, manifestó Eliana Revollar Añaños, adjunta para los Derechos de la Mujer.

En relación al estado legal de Adriano Pozo, la funcionaria precisó que es indispensable que el Poder Judicial tome las medidas necesarias para evitar que eluda la acción de la justicia dado que la lectura integral de la sentencia será recién dentro de 10 días. En ese sentido, informó que se está solicitando al Juzgado Colegiado Penal Permanente de Lima Norte informe la situación jurídica del procesado.

Finalmente, Revollar Añaños indicó que este tipo de decisiones dejan una impresión de impunidad, favorecen la aceptación social de este tipo de actos y desalientan a las mujeres víctimas de violencia a denunciar. La Defensoría del Pueblo continuará pendiente de este caso.

Nota de Prensa N° 206/OCII/DP/2019