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Se necesita un trabajo interinstitucional para superar las barreras que generan desigualdad económica entre mujeres y hombres

3:47 pm 25/11/2019

  • Situación de desigualdad también es una forma de expresión de violencia estructural hacia las mujeres, pues afecta principalmente a este sector.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer el trabajo interinstitucional por parte del Estado, en coordinación con el sector privado, para superar las barreras que generan impactos económicos y brechas laborales afectando principalmente a las mujeres. En ese sentido, ha presentado hoy tres informes que permiten realizar un diagnóstico de la situación.

Hasta el año 2017, las brechas de género en ingresos entre mujeres y hombres alcanzaron valores que llegan hasta un 65% en aquellos grupos que cuentan con menores ingresos. Estas cifras se retroalimentan con las brechas en cuanto a la asignación del trabajo doméstico no remunerado (TDNR), lo que perpetúa la condición de las mujeres frente a sus pares masculinos. Asimismo, se evidencia que la informalidad laboral tiene un efecto negativo que afecta un 64% de los ingresos que ellas reciben.

El estudio realizado por la Defensoría del Pueblo destaca, también, que el Perú pierde más de un tercio del PBI (37%) debido a la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres (si se considera a la población económicamente activa proyectada al 2014). Además, se ha constatado que se deja de recaudar un promedio de entre S/ 1000 y S/ 350 por impuestos de 5ta y 4ta categoría respectivamente por cada mujer en edad de trabajar que se ve afectada por la brecha de género en TDNR o por estar inmersa en la informalidad.

Precisamente, el TDNR es una de las anclas que mantiene en niveles inferiores la posibilidad de las mujeres de participar en el mercado de trabajo, generar ingresos y tributar. A nivel nacional, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) advirtió que las mujeres destinan al TDNR hasta 39 horas y 30 minutos, mientras que los hombres solo 15 horas y 50 minutos. Esta situación genera costos al Estado hasta en un 0.9% del PBI, según cifras revisadas hasta el año 2017, pues se tiene en estado de “inactivas” a mujeres que se encuentran en edad de trabajar.

En cuanto al factor económico, en los sectores formal e informal, aún persisten diversas barreras, una de las cuales es la concepción por parte de las y los empleadores de la gestación y tenencia de hijos como obstáculos para acceder al trabajo. Sumado a ello, el entorno laboral lleno de estereotipos acerca de la función de las mujeres y la visión sexista sobre sus carreras y ocupaciones incrementan el número de barreras que encuentran al intentar insertarse al sector formal.

Añadido a ello, el acoso sexual laboral es reconocido y experimentado, en especial por las trabajadoras informales que trabajan en casas o en las calles; sin embargo, no se denuncia ante un preocupante grado de tolerancia por parte de la sociedad.

Por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Sunafil fortalecer los mecanismos de inspección y recoger información sobre los distintos tipos de violencia en el ámbito laboral desde un enfoque de género. Asimismo, exige un trabajo conjunto por parte del Estado (a través de todas sus instancias) y el sector privado formal para generar políticas públicas que permitan responder a las barreras identificadas e incluyan a las mujeres en el mercado. Finalmente, solicita al INEI la realización de una nueva ENUT para evaluar la variación del uso del tiempo en mujeres y hombres, especialmente en lo relativo al TDNR.

Nota de Prensa Nº 366/OCII/DP/2019