Sullana: Defensoría del Pueblo advierte que población en penal de mujeres casi duplica su capacidad inicial

- En visita a dicho establecimiento se identificó grave hacinamiento y falta de personal en especialidades como psicología, asistencia social y defensa legal.
En el marco de sus funciones de supervisión la Oficina Defensorial de Piura realizó una visita al Establecimiento Penitenciario de Mujeres en Sullana – Piura, durante la cual constató que existe sobrepoblación penitenciaria crítica, esta al haber superado en más de un 20% de su capacidad de albergue.
Durante el recorrido de supervisión, que tuvo como propósito verificar las condiciones de habitabilidad del establecimiento penitenciario, se constató que alberga a 256 mujeres privadas de libertad y a 10 niños que conviven con sus madres. Esta cifra representa casi el doble de la capacidad poblacional inicialmente prevista para dicho establecimiento.
Este escenario viene generando una elevada demanda de los servicios de seguridad, asistencia social, atención psicológica y asesoría legal, lo que repercute de manera significativa y directa en la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y tratamiento penitenciario. Por ello, esta realidad expuesta plantea importantes desafíos para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y sobre todo para el bienestar integral de los niños que permanecen junto a sus madres en el establecimiento.
Por otro lado, la problemática del hacinamiento se ve considerablemente agravada por la ausencia de profesionales permanentes en las áreas de psicología y trabajo social, cuyos servicios constituyen componentes esenciales para el tratamiento penitenciario y del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. Además esta situación limita la prestación de una atención integral y oportuna, afectando el acompañamiento psicosocial que requieren las internas durante su permanencia en el establecimiento.
Asimismo, se constató la inexistencia de un profesional permanente en el área de asesoría jurídica, lo que restringe el acceso efectivo de las internas a orientación y asistencia legal especializada. Esta carencia incide negativamente en el seguimiento de sus procesos judiciales, la evaluación de sus expedientes y la tramitación de los beneficios penitenciarios que pudieran corresponderles, generando una situación de vulnerabilidad que compromete el ejercicio de sus derechos y las garantías propias del debido proceso que deben ser garantizadas por el Estado.
Al respecto, la Oficina Defensorial de Piura destacó que la privación de la libertad no anula la dignidad humana ni los derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar en todo momento, por lo que estas graves deficiencias estructurales vulneran de manera directa el derecho a la dignidad humana y a la integridad personal, al degradar las condiciones mínimas de habitabilidad y convertirse en un factor de riesgo para la salud física de las mujeres y los niños que viven en el recinto penal.
Por otro lado, precisó que la ausencia de personal especializado en psicología y asistencia social suprime el derecho a recibir un tratamiento técnico oportuno que asegure la salud mental, mientras que la falta de un abogado quiebra el derecho a la defensa y al debido proceso, lo cual anula por completo el fin constitucional del régimen penitenciario que es lograr una resocialización efectiva.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo exhortó a la dirección del establecimiento penitenciario a gestionar, con carácter prioritario, ante el Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, la evaluación y adopción de medidas orientadas a la contratación de profesionales permanentes en las áreas especializadas que presenta déficit, así como la implementación de acciones urgentes destinadas a reducir los niveles de hacinamiento existentes.
