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Tras recientes atentados en Trujillo, Lima y Callao reiteramos nuestra preocupación por el tráfico ilegal y el mercado negro de explosivos que pone en riesgo la seguridad nacional

5:38 pm 15/08/2025

  • Se insta al Poder Ejecutivo y al sistema de justicia a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante el atentado con explosivos ocurrido la noche del jueves 14 de agosto en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, que dejó a varias personas heridas y decenas de viviendas afectadas. Ante estos hechos, exhortamos al Poder Ejecutivo y a los operadores del sistema de justicia a asumir con mayor liderazgo, eficacia y coordinación su rol en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Este grave atentado se suma al asesinato de una persona frente a su familia en la Plaza San Martín del Cercado de Lima, así como a la detonación de un artefacto explosivo en un gimnasio del Callao, cuyos propietarios habrían sido víctimas de extorsión. Estos hechos evidencian el preocupante desborde de la criminalidad que afecta gravemente a nuestro país y mantiene a la población en un clima de permanente zozobra.

Cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, basadas en el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL), revelan que las denuncias por extorsión han experimentado un incremento exponencial en comparación con años anteriores.

Como institución, hemos insistido de manera constante en los espacios de concertación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) en que no basta con respuestas reactivas frente al crimen. Resulta urgente implementar estrategias preventivas y de inteligencia para anticiparse a estos hechos de violencia. A más de 20 años de la creación del Sinasec y su funcionamiento a través de sus cuatro instancias (Conasec, Coresec, Coprosec y Codisec), las cifras actuales de criminalidad obligan a evaluar con urgencia su eficacia real.

Recordamos que es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad. Muchos de estos atentados podrían prevenirse si se actúa de manera oportuna ante las amenazas previas que suelen ser puestas en conocimiento de las autoridades.

La Defensoría del Pueblo se solidariza con las víctimas y reafirma su compromiso de velar por la defensa y protección de los derechos fundamentales, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Demandamos la ejecución inmediata de políticas y acciones concretas que prioricen la prevención, fortalezcan la investigación criminal y devuelvan a la ciudadanía la seguridad y confianza que merece.