Ucayali: Defensoría del Pueblo advierte inoperatividad del 47 % del sistema de videovigilancia en Pucallpa

• Recomienda adoptar medidas urgentes ante deficiencias en el sistema de videovigilancia municipal, en un contexto donde la percepción de inseguridad supera el 58 % y los delitos más frecuentes van en aumento, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

La Oficina Defensorial de Ucayali advierte con preocupación que el 47 % del sistema de videovigilancia de la ciudad de Pucallpa se encuentra inoperativo, lo que compromete gravemente la capacidad de respuesta del Estado frente a hechos delictivos, alteraciones del orden público o emergencias. Esta situación fue detectada durante una supervisión realizada el 22 de julio a la Unidad de Videovigilancia de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el marco de las funciones de supervisión constitucional que cumple la Defensoría del Pueblo. La acción se desarrolló como parte de las medidas preventivas ante el actual contexto de movilizaciones sociales convocadas a nivel nacional.

Durante la visita, el equipo defensorial verificó in situ el funcionamiento del sistema y constató que, de las 100 cámaras instaladas en diversos puntos estratégicos de la ciudad, 47 se encuentran fuera de servicio, lo que equivale al 47 % del sistema de vigilancia inutilizado. La inoperatividad de casi la mitad del sistema de videovigilancia reduce significativamente la cobertura territorial, la capacidad de monitoreo en tiempo real, la identificación de situaciones de riesgo y la activación de alertas tempranas.

Esto impide una reacción oportuna de las autoridades frente a delitos, actos violentos o disturbios, debilitando de manera crítica la estrategia de seguridad ciudadana en la provincia, especialmente en el actual escenario de conflictividad social, donde se requiere máxima operatividad y coordinación interinstitucional para proteger los derechos fundamentales, prevenir la violencia y preservar el orden público.

Esta situación se presenta en un contexto en el que los indicadores regionales muestran una preocupante situación de inseguridad ciudadana. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, correspondientes al primer semestre de 2025, en Ucayali se han registrado 4028 denuncias, de las cuales 2844 corresponden a hechos delictivos y 877 a casos de violencia.

Solo en junio, se reportaron 8 homicidios, lo que representa una tasa de 1.2 denuncias por homicidios por cada 100 mil habitantes. Los delitos más frecuentes fueron hurto de vehículos (634 denuncias), conducción en estado de ebriedad (548) y hurto agravado (445). Además, se ha observado un incremento del 31.8 % en las denuncias por hurto de vehículos en comparación con el periodo anterior.

La Defensoría del Pueblo recordó que, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y otras entidades competentes. Para ello, deben implementar medidas efectivas de vigilancia, patrullaje y control, entre las cuales el sistema de videovigilancia es una herramienta clave.

Frente a estos graves hechos, la Oficina Defensorial de Ucayali ha remitido un oficio a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, recomendando implementar con carácter prioritario las acciones necesarias para la reparación, reposición o mantenimiento de las cámaras inoperativas, a fin de restablecer el funcionamiento total del sistema. Asimismo, ha exhortado a establecer un plan de mantenimiento preventivo que garantice la operatividad permanente del sistema de videovigilancia y a remitir un informe documentado con las acciones adoptadas o programadas, dentro de un plazo razonable.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por el derecho de todas las personas a vivir en condiciones de seguridad y tranquilidad. En ese sentido, continuará supervisando el cumplimiento de los deberes institucionales de las autoridades en todos los niveles de gobierno, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad o riesgo social.