Personas privadas de libertad

El sistema penitenciario y de centros juveniles, últimos eslabones del sistema penal suele ser con frecuencia el más olvidado y descuidado. Por ello, para la Defensoría de Pueblo reviste especial preocupación el constante monitoreo de sus condiciones, siendo esta una función que cumple desde el inicio mismo de sus actividades institucionales.

En materia de ejecución de la pena y de la medida socioeducativa de internamiento, particularmente, la labor de la Defensoría del Pueblo está orientada a verificar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y de centros juveniles, así como a supervisar la administración que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

Es importante precisar que nuestra labor se desarrolla en el marco de la aplicación de diversos instrumentos internacionales como: Las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos – ONU”, los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas – OEA”, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, «Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores – Reglas de Beijing», entre otros.